Transparencia en año electoral

En julio de este año se celebrarán las primeras elecciones federales desde la creación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Esta ley, entrada en vigor en 2002, formula dos objetivos claves para la democracia y las elecciones: transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información generada por las instituciones y favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de las instituciones y servidores públicos.

¿Cuántas veces hemos oído quejas acerca de que los ciudadanos no tienen herramientas para exigir a los gobernantes que actúen con los intereses de la población en mente?

Existe una manera de hacer que la voz de la ciudadanía resuene, y en esta época adquiere mayor significado: el voto. Si seguimos votando por las personas que a nuestro juicio actuaron de manera incorrecta, ¿cómo esperamos que cambien las actitudes y comportamientos de la clase política?

Se dice que para tomar una buena decisión es necesario tener la toda la información disponible. El principio también aplica para la decisión electoral, sin duda una muy importante, ya que nos beneficiaremos o padeceremos las consecuencias durante seis años.

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley de Transparencia e Información Pública de Jalisco garantizan que tengamos herramientas para evaluar la actuación de un partido, y en base a esta evaluación es que decidiremos quién merece nuestro voto.

Estas leyes obligan a las dependencias a difundir información acerca de su administración en materias que nos interesan a todos los ciudadanos, como el gasto de los recursos públicos y la corrupción, pero al mismo tiempo exigen de la participación ciudadana para fiscalizar a las dependencias.

La apatía se convierte en uno de los enemigos de la democracia, si no invertimos tiempo en revisar los hechos y en evaluar lo que hasta ahora han realizado las administraciones no tendremos en nuestras manos los elementos suficientes para realizar una decisión informada.

Por años, México vivió con los ojos vendados, y aunque sería inocente pensar que la Ley de Transparencia hará imposible la corrupción y cambiará todos los modelos establecidos, dificulta que los políticos actúen mal y sobre todo que los ciudadanos no nos enteremos de ello.

Con este gran derecho viene también una gran responsabilidad. Tener las herramientas legales para la rendición de cuentas nos obliga como ciudadanos a hacer uso de este derecho para nuestro beneficio como sociedad.

Vigilemos a quienes están en el poder y cuando sea posible exijamos cuentas de quienes quieren ocupar el cargo. El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco están ahí para vigilar que las dependencias hagan pública la información de su gestión y que respondan a las preguntas que como mexicanos necesitemos hacer para elegir al mejor gobernante.

La clave es nuestra participación.